Nuestra Agrupación procura tomar posicionamiento político sobre diferentes temas que nos alcanzan a todos, sean estos locales, provinciales o nacionales. Al respecto se convocó a los distintos medios locales para que expusieran su posicionamiento sobre el particular, a los cuales les agradecemos su presencia.
Consideramos importante explicitar nuestra postura en relación a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, reconociendo en primer lugar la lucha de muchos sectores políticos, de la cultura, de organizaciones gremiales, sociales, estudiantiles, que lucharon por “por defender la vida, la justicia social, la igualdad y la libertad de información – comunicación”.
Haciendo un breve recorrido histórico señalamos que en 1980, con el gobierno militar se crea la Ley de Radiodifusión. Concebía a la radio y televisión como un negocio destinado a empresas comerciales impidiendo que las asociaciones sin fines de lucro o cooperativas pudieran acceder a las licencias.
Desde la recuperación de la democracia el 10 de diciembre de 1983, existió un amplio consenso sobre la necesidad de derogar la norma de la dictadura y sancionar una nueva ley, en consonancia con las necesidades cívicas y participativas de la democracia. Los presidentes Raúl Alfonsín en 1988 y Fernando De La Rua en 2001, presentaron sendos proyectos de ley, que no pudieron ser tratados, afectados por fuertes presiones por parte de los intereses involucrados.
El gobierno de Menem caracterizado por desmantelar el estado con su política de privatizaciones, incluye también a todos los medios de comunicación.
El gobierno de Kirchner si bien modifica algún artículo de la Ley vigente, sigue dando continuidad en los hechos, al modelo de concentración propietaria.
Recién el gobierno de Cristina Fernández presenta el Proyecto de Ley. La Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual es una ley que establece las pautas que rigen el funcionamiento de los medios radiales y televisivos en la República Argentina. Esta legislación fue promulgada el 10 de octubre de 2009 por la presidenta Cristina Fernandez y reemplazó a la Ley de Radiodifusión 22.285, que había sido promulgada en 1980 por la dictadura militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional y se había mantenido vigente desde entonces.
Esta ley es el resultado de un largo proceso que se inicia en la propuesta de 300 organizaciones sociales, sindicales, de comunicación, de Derechos Humanos, Pymes, entre otras instituciones, que se juntaron en la Coalición para una Radiodifusión Democrática en el 2004 y nunca dejaron de trabajar en pos de ese logro. Este colectivo generó 21 puntos que, para ellos, debería contemplar una nueva ley de radiodifusión.
El gobierno publicó un proyecto inicial sobre la ley y a lo largo de meses recibió sugerencias y comentarios, para crear un segundo proyecto de ley que es el que se trato y aprobó en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, luego de que se realizaran un sinnúmero de modificaciones adquiriendo de esta manera la media sanción. En la Cámara de Senadores de la Nación fue aprobado definitivamente.
Nosotros como Partido Político nos sumamos al colectivo social que están de acuerdo con esta Ley, por entender entre otros aspectos centrales “que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual será a partir de su aplicación una oportunidad histórica de fortalecer la democracia, tanto en lo que respecta a sus instituciones como a las posibilidades de participación. Desmonopolizar mejora la calidad de vida democrática porque impide que un solo actor determine la agenda de la conversación pública liberando también a los trabajadores de esos medios monopólicos de las garras de un solo patrón (...) que el Estado debe regular la comunicación, ya que si queda en manos del libre comercio, los mas poderosos terminan concentrando la propiedad de los medios e imponiendo su ideas e intereses (...) que es necesario incorporar la mayor cantidad de gente posible, a través de organizaciones intermedias, a la gestión de los medios y de sus contenidos, y que el Estado garantice una mayor pluralidad, a través de los canales institucionales amparados en la Constitución Nacional”.
Consideramos importante explicitar nuestra postura en relación a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, reconociendo en primer lugar la lucha de muchos sectores políticos, de la cultura, de organizaciones gremiales, sociales, estudiantiles, que lucharon por “por defender la vida, la justicia social, la igualdad y la libertad de información – comunicación”.
Haciendo un breve recorrido histórico señalamos que en 1980, con el gobierno militar se crea la Ley de Radiodifusión. Concebía a la radio y televisión como un negocio destinado a empresas comerciales impidiendo que las asociaciones sin fines de lucro o cooperativas pudieran acceder a las licencias.
Desde la recuperación de la democracia el 10 de diciembre de 1983, existió un amplio consenso sobre la necesidad de derogar la norma de la dictadura y sancionar una nueva ley, en consonancia con las necesidades cívicas y participativas de la democracia. Los presidentes Raúl Alfonsín en 1988 y Fernando De La Rua en 2001, presentaron sendos proyectos de ley, que no pudieron ser tratados, afectados por fuertes presiones por parte de los intereses involucrados.
El gobierno de Menem caracterizado por desmantelar el estado con su política de privatizaciones, incluye también a todos los medios de comunicación.
El gobierno de Kirchner si bien modifica algún artículo de la Ley vigente, sigue dando continuidad en los hechos, al modelo de concentración propietaria.
Recién el gobierno de Cristina Fernández presenta el Proyecto de Ley. La Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual es una ley que establece las pautas que rigen el funcionamiento de los medios radiales y televisivos en la República Argentina. Esta legislación fue promulgada el 10 de octubre de 2009 por la presidenta Cristina Fernandez y reemplazó a la Ley de Radiodifusión 22.285, que había sido promulgada en 1980 por la dictadura militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional y se había mantenido vigente desde entonces.
Esta ley es el resultado de un largo proceso que se inicia en la propuesta de 300 organizaciones sociales, sindicales, de comunicación, de Derechos Humanos, Pymes, entre otras instituciones, que se juntaron en la Coalición para una Radiodifusión Democrática en el 2004 y nunca dejaron de trabajar en pos de ese logro. Este colectivo generó 21 puntos que, para ellos, debería contemplar una nueva ley de radiodifusión.
El gobierno publicó un proyecto inicial sobre la ley y a lo largo de meses recibió sugerencias y comentarios, para crear un segundo proyecto de ley que es el que se trato y aprobó en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, luego de que se realizaran un sinnúmero de modificaciones adquiriendo de esta manera la media sanción. En la Cámara de Senadores de la Nación fue aprobado definitivamente.
Nosotros como Partido Político nos sumamos al colectivo social que están de acuerdo con esta Ley, por entender entre otros aspectos centrales “que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual será a partir de su aplicación una oportunidad histórica de fortalecer la democracia, tanto en lo que respecta a sus instituciones como a las posibilidades de participación. Desmonopolizar mejora la calidad de vida democrática porque impide que un solo actor determine la agenda de la conversación pública liberando también a los trabajadores de esos medios monopólicos de las garras de un solo patrón (...) que el Estado debe regular la comunicación, ya que si queda en manos del libre comercio, los mas poderosos terminan concentrando la propiedad de los medios e imponiendo su ideas e intereses (...) que es necesario incorporar la mayor cantidad de gente posible, a través de organizaciones intermedias, a la gestión de los medios y de sus contenidos, y que el Estado garantice una mayor pluralidad, a través de los canales institucionales amparados en la Constitución Nacional”.
Construcción Social Participativa
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