CARTA ABIERTA DE LA APDH FILIAL TRES ARROYOS

Ante un nuevo intento de instalar la teoría de los dos demonios en el debate público, la filial Tres Arroyos de la APDH ve necesario sentar su posición. Esta vez la excusa para reeditar esta lectura de la historia es el planteo de la familia Larrabure, la cual reclama que se juzgue como crimen de lesa humanidad el secuestro del coronel Argentino del Valle Larrabure por parte de la organización PRT-ERP.
Esta demanda, en su momento fue debidamente rechazada por la justicia federal, considerando que no constituía un delito de lesa humanidad. Ahora, el fiscal general de la Cámara Federal de Rosario, Claudio Palacín, consideró que el caso sí debe ser considerado crimen de lesa humanidad y, por lo tanto imprescriptible. Este dictamen instala en el ámbito judicial la "Teoría de los dos demonios", gestada con la anuencia del juez federal Nº 4 Germán Sutter Schneider, hijo de quien fuera Ministro de Gobierno de la dictadura en Santa Fe.En su fallo el fiscal Claudio Palacín argumenta que "el ERP, frecuentemente, trasladaba gran cantidad de efectivos, armamentos y material logístico de un lugar a otro del país; con una facilidad de desplazamiento llamativa. Súmese que el PRT/ERP tenía cierto control sobre espacios geográficos determinados; pretendía establecer 'zonas liberadas' para obtener el expreso reconocimiento internacional; instauró 'cárceles del pueblo' que decidían sobre la muerte de personas desarmadas e indefensas; que secuestraba, torturaba y asesinaba. En este caso concreto, bajo todas las circunstancias enumeradas y que configuran la categoría jurídica de crímenes contra la humanidad, el ERP habría secuestrado, privado de su libertad más de un año, torturado y asesinado a una persona indefensa: Argentino del Valle Larrabure".Entre las objeciones de distintos juristas al dictamen del fiscal Claudio Palacin pueden enumerarse:* A lo largo del dictamen y a pesar de los esfuerzos, no se logra conectar con el nexo de estatalidad y/o grupo que ejerza el dominio territorial de hecho en el sector donde ocurriera el hecho que se pretende investigar. El dictamen desconoce lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, acogiendo fundamentos del Procurador Esteban Righi en el fallo "Derecho René".* El dictamen desconoce los considerandos de la causa 13/84, que el Juicio a las Juntas, en donde la Cámara dice expresamente que el ERP no tenía control territorial.* Retoma a la vieja idea de la guerra interna y dice que la connivencia con el Estado estuvo en la amnistía recibida por los guerrilleros.Es preciso aclarar que para el derecho internacional, constituyen crímenes contra la humanidad actos como: el genocidio, la práctica sistemática del asesinato, la tortura, las desapariciones forzadas, la detención arbitraria, etc, cuando fueran cometidos por un Estado o por grupos que operen con anuencia y complicidad del mismo. El sello de tales crímenes lo determina su gran escala y naturaleza sistemática, en contra de la población civil, en todo o en parte, y una de sus consecuencias fundamentales es que son imprescriptibles.
En este marco nos preocupa la confusión en que incurren algunas opiniones tendenciosas, asimilando la no investigación y juzgamiento oportuno de ese delito aislado con el exterminio masivo de militantes populares llevado adelante de modo sistemático por el terrorismo de Estado. Más absurdo y paradójico resulta en el hecho puntual del secuestro de Larrabure, es que sus ejecutores e ideólogos fueron asesinados o desaparecidos por la dictadura.
Cabe aclarar que los genocidas de la dictadura, junto con sus aduladores y defensores, agrupados en ONGs como Memoria Completa (ex FAMUS) y otras por el estilo, viendo que los crímenes de estado cometidos durante la dictadura militar ya no pueden ser ocultados ni justifiados, buscan morigerar el impacto de su magnitud mediante la teoría de los dos demonios, es decir, poniendo en pie de igualdad las luchas populares (con todos sus errores) con el asesinato y desaparición de 30.000 seres humanos, el robo de bebés, la tortura y los delitos económicos, cuyas consecuencias siguen pagando las nuevas generaciones.
Luego de tres décadas de impunidad, el pueblo argentino comienza a reconstruir su historia y a juzgar un proceso que a través del terror y la desaparición nos sumió en la degradación económica, social, cultural y política como Nación. Esperamos seguir avanzando en esta dirección, procurando la construcción colectiva de Verdad y Justicia, sin permitir que esta demanda, comprensible en un familiar, pero desacertada, sea utilizada por los sectores que buscan perpetuar su impunidad y garantizar el privilegio económico que obtuvieron son la aplicación del Genocidio.
Por la la filial Tres Arroyos de la APDH:
Jorge Pousa
Luis S. Jiménez
Graciana Foulkes
Alberto Foulkes
Marcelo Delgiorgio